Negaron el arresto domiciliario a un sindicado como capo narco

La decisión de rechazar el pedido de prisión domiciliaria fue firmada por los jueces Andrés Basso, Javier Ríos y Fernando Machado Pelloni, integrantes del TOF N°3 porteño. En su resolución, los magistrados le ordenaron a las autoridades Servicio Penitenciario Federal (SPF) que extremen los recaudos para la prevención sanitaria .

La decisión de rechazar la prisión domiciliaria de Saucedo fue tomada por mayoría, con los votos de Basso y Machado Pelloni. El juez Ríos, en cambio, había votado por hacer lugar al pedido de la defensa.

El primer pedido de arresto domiciliario presentado por la defensa de Saucedo fue hecho el 23 de diciembre pasado, antes de la pandemia. Los argumentos de la solicitud, aquella vez, eran que el acusado padece de diabetes y cada día dependía más de la insulina .

Según fuentes judiciales, "más recientemente, la misma defensa efectuó una nueva presentación, sosteniendo que su asistido padecía diabetes grado 1, con lo que ante, la pandemia del Covid-19 , se encontraba en riesgo ante un eventual contagio".

Saucedo cumple la prisión preventiva en el Complejo Penitenciario I de Ezeiza. Los jueces Basso, Ríos y Machado Pelloni tomaron la decisión después de analizar los informes médicos y el dictamen del Ministerio Público Fiscal, donde el fiscal manifestó su oposición al otorgamiento de la prisión domiciliaria para el acusado.

"Toda vez que el informe del Cuerpo Médico Forense (CMF) expone la dolencia que padece Saucedo, diabetes tipo II, acompañada de sobrepeso, no se trata de aquellas contempladas en la normativa en estudio. De ello se colige que pueden ser tratadas, como se viene haciendo, en el establecimiento penitenciario en que cumple su detención. La defensa agregó, recientemente, como nuevo factor, la actual propagación en el país del coronavirus.

Al respecto, el citado informe médico postuló que, al padecer de diabetes, el encartado integra un grupo de riesgo con relación al Covid-19 (circunstancia que coincide con su inclusión en el listado confeccionado al respecto por la Dirección Nacional del Régimen Correccional del SPF), en razón de lo cual debía disponerse lo necesario para su mayor aislamiento, minimizándose el régimen de visitas y acotando los traslados a lo exclusivamente indispensable y urgente; medidas estas que -acompañadas de muchas otras- ya fueron adoptadas por las autoridades penitenciarias", afirmó el juez Basso en su voto.

El fiscal del juicio del denominado operativo Sapucay, Juan García Elorrio, que tiene la colaboración de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar), afirmó en su dictamen que "en cuanto a la Emergencia Sanitaria declarada, refirió que no podía arribarse a la conclusión de que la detención de Saucedo configurara un menoscabo a su derecho a la salud, basándose en una formulación general sin valoración de circunstancias particulares, entendiendo además que el SPF ya ha adoptado medidas tendientes a evitar la propagación del virus dentro de las unidades carcelarias".

En su voto, el juez Ríos, el único magistrado que votó por otorgar el beneficio de la morigeración de la prisión, explicó: "Frente a la situación mundial que nos aqueja debido a la excesiva y rápida propagación del virus, y ante la situación de vulnerabilidad en la que se encuentra Saucedo, la solución que mejor se compadece con criterios de equidad sería la aplicación del art. 210, inciso J,del Código Procesal Penal Federal, y disponer el arresto domiciliario".

El caso

El escándalo del tráfico de marihuana desde Itatí fue revelado por LA NACION en enero de 2017. "Tres organizaciones narco que operan desde Itatí, una ciudad correntina de 6500 habitantes, fronteriza con Paraguay, son las mayores distribuidoras de marihuana del país y abastecen a siete provincias. Carlos Bareiro, conocido como Cachito, Luis Saucedo, alias "Gordo" y Federico Marín, apodado Morenita, son los presuntos líderes de las tres "empresas criminales" que están bajo la lupa de detectives judiciales y policiales", según se describió en una nota publicada el 12 de enero de 2017.

El escándalo llevó tras las rejas a funcionarios políticos y jefes policiales. Entre los detenidos del operativo Sapucay estuvieron por entonces intendente de Itatí, Natividad Roger Terán, y su vice, Fabio Aquino, quienes en septiembre pasado recuperaron la libertad después de que en un juicio abreviado se declararan culpables.

El 16 de septiembre pasado, el abogado Alejandro Rúa, defensor de Terán, de 52 años, acordó con el fiscal García Elorrio que se le aplicara a su defendido una pena de 3 años de prisión como miembro de la asociación ilícita, mientras que Alejandro Argibay Molina, defensor de Aquino (de 37 años), solicitó 3 años y 8 meses de prisión.

El acuerdo entre el Ministerio Público Fiscal y las defensas de Terán, Aquino y otros nueve acusados todavía no fue homologado por el TOF N°3, que resolverá cuando termine el debate donde son juzgados los sindicados capos narcos y otros sospechosos.

FUENTE: LA NACIÓN