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Politica

Martes 13 de Febrero de 2018

OBLIGACIONES DE LA ADHESIÓN

Pacto Fiscal: Los debates de un nuevo reparto y la baja impositiva

El pacto prevé la discusión de una nueva Ley de Coparticipación, modificaciones y eliminación de impuestos provinciales, y el financiamiento de líneas de crédito para programas de retiro de personal estatal.


Recientemente, Corrientes adhirió al Consenso Fiscal y a la Ley de Responsabilidad Fiscal. Esto implica cambios sustanciales, como rediscutir la Ley de Coparticipación para sancionar un nuevo régimen en 2022, ceder ingresos para Buenos Aire, pero percibir asignaciones y compensaciones de Nación. También, se contemplaban las modificaciones jubilatorias ya vigentes, y la reducción de presiones impositivas federales y jurisdiccionales.


Hubo un amplio debate, e incluso incidentes en el Congreso de la Nación producto de las consecuencias del Pacto Fiscal y la Ley de Responsabilidad Fiscal y Buenas Prácticas de Gobierno. En Corrientes también hubo oposición de un sector del sindicalismo. No obstante, la Provincia adhirió a estas iniciativas la semana pasada, en sesión extraordinaria. Al presentar el proyecto, el Ejecutivo Provincial argumentó que la reducción de las cargas impostivas permitiría fomentar el empleo y la reactivación económica.


Además, en los considerandos de un único expediente que contempló la adhesión a ambas normas nacionales, el Gobierno de Corrientes expresó que la nueva Ley de Responsabilidad Fiscal no sólo permitirá reducir los déficits en las provincias, sino también el acceso al crédito para la concreción de infraestructura, como así también, dotar de mayor transparencia al Estado.


A través de la prensa, el gobernador Gustavo Valdés, había mencionado la pérdida de transferencias complementarias por no estar adheridos al pacto fiscal. Por la demora del aval legislativo, a la provincia se le retuvo el 8,6 por ciento de coparticipación entre enero y febrero. Esto equivale a más de 1.200 millones de pesos.


Las compensaciones que debió realizar el Estado Nacional se deben a una redistribución del Impuesto a las Ganancias y al aumento de la asignación específica del Impuesto al Cheque, ya que una parte se destinará a financiar el Fondo del Conurbano Bonaerense, y la otra, tenderá a la reducción para bajar parte de la presión impositiva.


En total, Nación desembolsará más de 777 millones de pesos para las jurisdicciones, de las cuales, Salta, Tucumán, Chaco, Misiones, Formosa y Catamarca figuran entre las más beneficiadas, según un estudio publicado  días atrás por el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf).


Las compensaciones se transferirán de forma diaria y automáticamente y cada provincia lo administrará a su juicio. No obstante, el destino serán inversiones  a infraestructura sanitaria, educativa, productiva, vial, viviendas, tanto en ámbito urbano como rural. Vale recordar que Corrientes tiene previsto invertir más de 1.700 millones de pesos para caminos.


Las remesas nacionales se actualizarán trimestralmente, y con base a la  inflación. Además, el Estado Nacional prevé emitir un bono a 11 años que genere servicios por 5 mil millones de pesos este año y por 12 mil millones de pesos a partir de 2019, los cuales serán distribuidos según coeficiente de coparticipación.


“En la medida que éste exista”, según aclara el acuerdo fiscal, se distribuirán los recursos del Fondo Federal Solidario (que se financia con las retenciones a la soja) a las jurisdicción, sin incluir al Estado Nacional.


Por otra parte, la Casa Rosada decidió avanzar con la eliminación de subsidios diferenciales a la zona metropolitana de Buenos Aires en materia energética a partir de 2019 y de transporte, desde 2021.


Nación, además, contempla retiros en las plantas provinciales y municipales, ya que en el acuerdo se comprometió a financiar líneas de créditos especiales para este fin o jubilaciones anticipadas. “Estos programas deberán cumplir con las pautas que establezca el Estado Nacional, las que incluirán capacitaciones e incentivos para reinserción laboral”, según expresa el documento rubricado por casi todas las provincias, a excepción de San Luis.

Coparticipación y juicios


El consenso fiscal contempla la discusión de una nueva Ley de Coparticipación, en el marco de la Comisión Federal de Impuestos (CFI), recientemente reflotada. Esta podría avanzar en 2022, según las proyecciones.


En cuanto a los juicios, Nación y las Provincias acordaron que antes del 31 de marzo de este año deberán consensuar el monto y la forma de pago con sentencia firme de la Corte Suprema de la Nación. Los títulos serán reintegrados y redistribuidos a las jurisdicciones. Esta cláusula busca la cesión de unos 50 juicios abiertos en relación con la Coparticipación. Vale recordar que  prosperaron favorablemente las demandas de San Luis, Córdoba y Santa Fe en cuanto a la devolución del 15 por ciento de coparticipación.


No obstante, con la firma de los acuerdos, las provincias ceden su derecho a iniciar un proceso judicial referido a los mecanismos de coparticipación. Esto rige de forma inmediata, tras la adhesión al pacto.

Impuestos provinciales


Por otra parte, las provincias se comprometieron a reducir impuestos sobre Ingresos Brutos. Vale recordar que luego de La Pampa, Corrientes es la provincia con la alícuota más baja.
La idea es “eliminar tratamientos diferenciales basados en lugar de la radicación o la ubicación del establecimiento del contribuyente”. El compromiso, también incluye “desgrabar inmediatamente los ingresos provenientes de las actividades de exportación de bienes, excepto las actividades vinculadas con actividad mineras o hidrocarburíferas”. De esta manera no se afecta la economía regional de algunas provincias que dependen de los ingresos de la minería o de la explotación petrolera.


El pacto también tiene en cuenta desgravar los ingresos provenientes de prestaciones de servicios en el exterior del país. Además, se contemplan mecanismos de  devolución automática al contribuyente cuando éste tiene saldo a favor.


El pacto también prevé fijar la alícuota correspondiente al Impuesto Inmobiliario en un rango no menor a 0,5 por ciento y no superior a 2 por ciento. A su vez, se contempla para el caso de los Municipios, llegar a acuerdos con éstos para que el revalúo no supere estas cifra.

Diario El Litoral

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