El juicio por "rebelión" a Cataluña y dudas sobre futuro de España

“El 1-0 fue luz y libertad”, decía el pasado 1 de octubre el presidente catalán Quim Torra, cuando se cumplía el segundo aniversario de la celebración del referéndum ilegal por la independencia de Cataluña. El desafío secesionista que ha marcado la política española durante los últimos años volverá a centrar las miradas de la sociedad. Antes del 16 de este mes el Tribunal Supremo dará a conocer la sentencia del procés, que marcará un antes y un después con el telón de fondo de las elecciones generales del 10 de noviembre.

Desde ambos lados, los que exigen la independencia y los que invocan la Constitución para reclamar la unidad de España, acusan al que está enfrente de instrumentalizar el conflicto en Cataluña con intereses políticos pero, ¿a quién beneficia realmente?

“Si hace dos años me hubieras hecho esa pregunta, contestaría que a los extremos, en ese caso al ex presidente catalán Carles Puigdemont y la coalición política Junts per Catalunya por un lado, y a los partidos conservadores PP y Ciudadanos por el otro. Hoy apuesto por lo contrario, tanto en Cataluña como en España está calando un discurso más moderado, el de agrupaciones como ERC y PSOE”, responde a Infobae el periodista Arturo Puente, que cubre la información sobre Cataluña para eldiario.es.

En su opinión, el conflicto alcanzó un clímax de tensión durante los días antes y después del 1 de octubre de 2017 y desde el año pasado se ha ido enfriando el conflicto, ganando protagonismo voces que buscan un diálogo entre las partes enfrentadas.

El juicio contra los líderes catalanes no sólo jugará un papel clave en la campaña electoral sino que guiará los pactos entre partidos y marcará un referente ineludible para el debate nacionalista de aquí en adelante.

“Para los independentistas, que al menos suman la mitad de los catalanes, la sentencia del procés significa una ruptura emocional con lo que representa España y su justicia. No van a aceptar el veredicto, consideran que es una farsa. Para los no independentistas puede significar la validación de su tesis según la cual los políticos catalanes incurrieron en prácticas ilegales”, dice Arturo Puente.

Hay 12 personas acusadas, entre ellos referentes del movimiento como Oriol Junqueras, Josep Rull, Josep Turull y Raül Romeva, cuatro de los nueve que permanecen encarcelados y que podrían recibir penas de prisión de hasta 25 años, además de su inhabilitación para ejercer cargos públicos.

Los delitos más graves a los que se enfrentan son los de rebelión y sedición. El primero significaría que habrían intentado cambiar las estructuras del Estado y el segundo que impidieron la aplicación de la ley. Además están acusados por malversación y desobediencia.

La clave de la sentencia radica en la interpretación del Tribunal, si dictamina que la violencia que motivó el procés fue instigada por los independentistas para lograr su objetivo o si, por el contrario, fue resultado de concentraciones aisladas de la ciudadanía.

“No hay ningún tipo de arrepentimiento. Todo lo que hice lo volvería a hacer. Acepto mis actos y también las consecuencias”, decía durante el juicio -que concluyó el 13 de junio- el acusado Jordi Cuixart, presidente de la asociación Òmnium Cultural.

El debate en torno a si activistas como Cuixart deben permanecer en la cárcel ha dividido aún más a la polarizada sociedad española, inmersa en una convulsa etapa política que le ha arrastrado a sus cuartas elecciones en los últimos cuatro años.

“El tono de enfrentamiento y el miedo han bajado mucho desde 2017 pero quien no reconozca que en Cataluña sigue existiendo un problema social es que no vive el día a día desde aquí. El movimiento independentista tiene raíces muy fuertes, va más allá de la celebración de este juicio”, opina para Infobae la politóloga Berta Barbet, editora del grupo de análisis Politikon.

En juego no está sólo el futuro de los líderes catalanes que están siendo juzgados, sino el de los representantes que están prófugos de la justicia española. Es el caso del ex presidente Carles Puigdemont, quien si decide regresar a España sería detenido y debería comparecer ante el juez instructor del caso, Pablo Llarena.

Puigdemont, uno de los impulsores del referéndum de autodeterminación de Cataluña que fue considerado ilegal por el Tribunal Constitucional, sigue apostando por el camino hacia la independencia. Es la misma línea que defienden otros líderes catalanes, quienes reivindican el derecho a elegir su futuro.

Mientras el ambiente se ha ido caldeando estos últimos días. A finales de septiembre la justicia española detuvo a siete CDR -Comités de Defensa de la República, activistas por la independencia- que tenían en su posesión explosivos. Desde Cataluña se acusó a España de querer vincular al movimiento nacionalista con el terrorismo.

“No creo que el poder judicial español comparta una agenda oculta con el gobierno central sobre el modo de actuar en Cataluña. Eso iría en contra de la separación de poderes. Ahora bien, otra cosa es que estas detenciones puedan ser instrumentalizadas como una estrategia para golpear al independentismo. Ese movimiento es cívico y pacífico, dudo que ahora mismo albergue grupos capaces de coordinar una acción radical”, apunta Barbet.

Otro cisma ha sido la dimisión en vísperas del 1 de octubre de Andreu Martínez, el jefe político de los Mossos d’Esquadra -la policía catalana-, quien había sido cuestionado por los líderes secesionistas. Su sustituto en el cargo, Pere Ferrer, es afín a la causa independentista.

“Es verdad que se están produciendo repuntes de tensión, pero el nivel de la temperatura emocional ha bajado. En 2017 existía una sensación real de que pudiera producirse la ruptura con España de un día para otro. Eso ha cambiado, los independentistas asumieron la frustración y aceptan que este proceso será largo. Todavía existe un conflicto, pero es otra cosa”, dice Puente. Para este periodista, una hipotética victoria de la derecha en las elecciones generales del 10-N enquistaría el debate en Cataluña. Aunque las encuestas dan hasta ahora como vencedor a los socialistas del PSOE, ningún analista se atreve a asegurar que no sea posible una suma del bloque conservador -PP, Ciudadanos y VOX- para alcanzar la mayoría.

"Si ganan ellos, la solución será más difícil. Su programa al respecto está claro, incrementarán el grado de intervención del Estado, su estrategia es más dureza y menos diálogo. Aunque en estos momentos el plan del PSOE para Cataluña no es tan diferente, a no ser que para gobernar tenga que aceptar el apoyo de Podemos -el partido de extrema izquierda- y de las fuerzas nacionalistas, quienes le intentarían convencer para sentarse en una mesa a dialogar".

Existe el temor por parte del independentismo a que desde Madrid se vuelva a aplicar el artículo 155 recogido en la Constitución para situaciones extraordinarias. En este caso implicaría la intervención de la autonomía catalana por el gobierno español, como ya sucedió durante casi un año, desde el 27 de octubre de 2017 hasta el 2 de junio de 2018.

Los tres partidos del bloque de la derecha han presionado al presidente en funciones, el socialista Pedro Sánchez, para que actúe en esta línea. "No es cuestión de querer aplicar o no el 155, es que va contra la ley. Mientras el movimiento independentista no traspase ciertas líneas, y por el momento no parece que eso vaya a suceder, la Constitución protege la autonomía del gobierno catalán", explica la politóloga Berta Barbet.

En el horizonte, la posibilidad de celebrar un referéndum amparado por la ley española parece no ya lejano sino una quimera. “Fuera de Cataluña apenas existe una minoría del electorado, en esencia vinculada a la izquierda de Podemos, la que estaría a favor. Al PSOE no le conviene, y mucho menos en época de elecciones, pues sabe que perdería votos”, opina Arturo Puente.

Frente al ostensible estancamiento, Puente aventura dos posibles caminos. “Uno es no hacer nada, lo que se ha venido haciendo desde la aplicación del 155. Igual que con los niños pequeños cuando no paran de gritar, encerrarlos en una habitación y esperar a que se cansen. El problema es tratar así a millones de ciudadanos. Otro es proponer una reforma del estatuto de autonomía. Para ello es necesario que ambos gobiernos se sienten a dialogar. Es una posible solución pero no será fácil, pues requiere de tiempo y consensos”.

Berta Barbet coincide en esta línea. “Sea cual sea la sentencia del juicio del procés, el independentismo no se va a ir a casa. El problema seguirá ahí. Toda esa gente que lleva siete años saliendo a la calle para pedir la separación de España reclama un debate que aún no se ha tenido sobre cómo el Estado entiende las distintas nacionalidades”.

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